Por
Pedro Taracena
En 1975
muere el dictador Francisco Franco y hasta 1978 año en que se aprueba la Constitución Española, la
dictadura se proyecta como régimen genuino y continuista; jurando el Rey y
gobernando los herederos del general golpista, mediante las leyes emanadas de
los Principios de Movimiento Nacional. En este trienio el Gobierno decide
enviar a Las Cortes Españolas un proyecto de ley de amnistía.
Cortes salidas de la Ley de la Reforma Política. Pero para amnistiar a quién y de qué delitos. En
principio no se podía iniciar ningún camino hacia la democracia con las cárceles
llenas de presos políticos y con ejecuciones de la pena de muerte tres meses
antes de morir el dictador. Aquí se dio el primer paso en falso hacia la reconciliación. Los
españoles
venidos de la diáspora, el exilio y la clandestinidad, que nutrieron junto
a los franquistas los escaños de esas cortes provisionales, entendieron y así se hizo
entender al resto de los ciudadanos, que había que amnistiar a todos los detenidos o condenados que
hubieran sido condenados por oponerse y resistir a la dictadura. Aunque hubiera
delitos de sangre. Porque esa forma de proceder de la dictadura no correspondía a un
Estado de Derecho. Roto en España el 18 de julio de 1936, por los mismos que ahora
reconocían la
amnistía para
sus víctimas.
Los franquistas con este hecho se lavaban la cara ante el mundo y creyeron que sus
manos manchadas de sangre, también,
quedaban limpias para la historia. Por otro lado los ingenuos diputados venidos
de la oposición histórica y
clandestina, creyeron que con la amnistía que se aplicaba a los suyos, la reconciliación estaría
resuelta. Pero esta primera piedra envenenada sirvió para
que siguieran tropezando y cediendo terreno hasta sepultar la Memoria Histórica. El
genocidio franquista quedó impune, el franquismo como sistema político y
criminal está sin
condena legal y su apología, lejos de ser delito, como el nazismo en Alemania y el
fascismo en Italia, está bien visto por sus secuaces del Partido popular. En 1978
la Constitución Española
restauró el
Estado de Derecho vulnerado en 1936 y perpetuado hasta 1975, fecha en que
muriendo el dictador se tambalea el franquismo pero no cae.
Entrado
el siglo XXI un hidalgo de la judicatura, un juez amante de la Justicia, dicta
dos autos demoledores contar la mordaza de la Transición, donde
establece que los delitos cometidos en España desde 1936 obedecen a un extermino planificado, un
genocidio tipificado como crímenes de lesa humanidad y que no prescriben. Este juez de
la Audiencia Nacional es Baltasar Garzón, quien dictó en 2008 dos históricos autos sobre los crímenes de la dictadura. En ellos explica las
razones por las que procede investigar la represión llevada a cabo por el régimen. Otro hidalgo
de la fiscalía
anticorrupción,
Carlos Jiménez Villarejo, defiende la
solidez de las tesis de su compañero frente quienes
consideran que aquellos hechos fueron zanjados por la ley de Amnistía de
1977.
No hace
falta ser muy avezado en leyes para entender que la Ley de la Amnistía no podía
afectar a los dictadores que lo habían sido hasta el restablecimiento de la democracia en
1978. En todo caso su amnistía debía de haberla concedido los demócratas.
Otra interpretación de esa amnistía solo es comparable con la legislación del
llamado punto final de Argentina y Chile. Donde los dictadores se auto amnistían. En
España es un
sarcasmo que los franquistas crean hasta nuestros días que
sus delitos quedaron borrados en el mismo momento que sus torturados, detenidos,
juzgados y apresados. Aunque absurdo en
España se mantiene
el status quo de que, los franquistas y los demócratas incorporados a la política, establecieron
un acuerdo no firmado con el sello del
olvido y la ignominia. El franquismo triunfante y superviviente a pesar de
la Constitución Española, se permite exigir a los terroristas que
hinquen sus rodillas antes las víctimas pidiéndoles perdón y muestren su arrepentimiento público.
El pueblo español sí puede
exigirles a los terroristas tal pretensión, pero el Partido Popular, heredero del franquismo, no
está
legitimado mientras no condene la dictadura y el genocidio franquita. No puede
mantener la dualidad perversa de rendir homenaje a las víctimas
del terrorismo y por otro lado mantener una apología
permanente del franquismo.
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