Imágenes del Palacio de Cristal de Madrid
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Por
Pedro Taracena
El marco
constitucional anuló el marco referencial de la las Leyes Fundamentales del
Movimiento Nacional, pero la democracia albergó en su conjunto legislativo todas las leyes
del franquismo. No hubo ruptura con la dictadura, solamente una suave evolución. Esto permitió una
transición aunque
no tan modélica como se viene manteniendo, ya que hubo violencia y muertos al
margen de los crímenes de ETA.
La
ilegitimidad del franquismo, así como la impunidad de sus crímenes
fue saldada con el pacto constitucional que encubrió el peor
de los acuerdos. La transición que enmudeció la Historia y escandalizó al mundo, aunque sus protagonistas tengan
vocación de exportarla.
La Constitución como
texto legal y legítimo no legalizó el franquismo pero tampoco lo ilegalizó y mucho
menos condenó. Esto
quiere decir que el franquismo ha quedado impune. Tampoco se puede considerar
su apología como
delito porque la Transición hace compatible la dictadura y la democracia. El llamar
a alguien franquista no se considera un insulto y en muchos casos es un acto de
honor. El esperpento nacional está
servido.
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Es
curioso cómo La
Casta que hizo la Transición, dio por bueno que el régimen franquista legalmente que
no legítimamente
constituido, se hiciera el haraquiri como forma de suicidio ritual. Practicado
no por razones de honor como los orientales, sino por una orden superior
devolviendo al pueblo aquello que desde el año 36 se le había usurpado. Ahora los dueños de aquel acuerdo perverso, me refiero a la
transición no al pacto
constitucional, no quieren mover un ápice del orden legal consagrado como dogma de fe
inamovible. Rajoy cuando declara que cualquier modificación de la
Constitución ha de
hacerse según las
leyes vigentes, se mofa del pueblo.
Porque mientras él tenga la mayoría absoluta, no revalidada en los últimos
comicios, y muestre nula voluntad de diálogo, no habrá reforma constitucional; escondiendo su incapacidad bajo
la máscara de
demócrata, guardián y vigía de la fosilizada
Carta Magna. Una parte del pueblo responde que, sí se puede, y que al menos tiene derecho a un debate y una
consulta. Alguna evidencia delata que la Constitución debe
de modificarse:
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En el
Estado de las Autonomías se ha interpretado la crisis cada cual según su
ideología;
creando desigualdades evidentes en derechos constitucionales: Educación,
Sanidad, Dependencia y Desahucios. Es preciso hacer un debate sobre la
estructura federal del Estado Español. La estructura federal del Estado corregiría las
desigualdades provocadas por las administraciones autonómicas y
llenaría de
contenido y de funciones al sempiterno inútil Senado, como Cámara de Representación Territorial. Sin duda las cuestiones históricas de Euskadi y Catalunya tendrían mejor encaje que en la actualidad constitucional. Las
reformas oportunas sobre los herederos dinásticos y
la desmitificación y desacralización de la monarquía, quizás acallarían las
crecientes voces de reivindicación
republicana. Es posible que el pueblo español
curioso por los eventos históricos,
descubra que el rey Felipe V, predecesor del Felipe VI, es quien protagonizó los hechos que han provocado hasta hoy las
reivindicaciones históricas de los catalanes.
Si el Rey de España no abandona La Casta
como Corte Real y se acerca al pueblo llano, la brecha abierta a favor de la
República irá
creciendo. A Rajoy no le interesa blindar los derechos constitucionales de los
españoles porque lejos de reconocerlos los ha aniquilado. Sin
olvidar que la izquierda ha sido quien ha reconocido muchos de los derechos
albergados en la Constitución, hasta
que la reformó para complacer a la Troika. La Constitución Española es
un texto legal y legítimo que puede y debe
cambiarse. Su actualización servirá mejor a las generaciones del siglo XXI.
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El Rey puede y debe propiciarlo. La Historia nos muestra cómo Fernando VII, hizo lo contrario. Logró recuperar su poder absoluto después de suprimir la Constitución de Cádiz La Pepa de 1812. Ni el Partido Popular ni el Rey pueden arrogarse el derecho de impedir que los españoles debatan y sean consultados, refugiados en que hay que respetar las leyes. Si los procuradores de las cortes franquistas hubieran cumplido las leyes de la dictadura, Suarez no hubiera podido llevar a cabo la Transición. La Constitución Española, no lo olvidemos, que fue aprobada bajo la fórmula de monarquía parlamentaria por imposición de los herederos del franquismo, y aceptada por aquellos que siempre habían sido demócratas y la asumieron como mal menor. No hay que tener miedo el decir que bajo la amenaza de una involución golpista de carácter militar. Es decir, para evitar que se repitiera el episodio del 18 de julio de 1936. No aprovechar la llegada de Felipe VI para una consulta precedida de un amplio debate nacional, es suicida para el nuevo monarca. Una clase política donde la perversión y la corrupción, por acción u omisión, están generalizadas, es estar ciegos o desear estarlo, para no impulsar una iniciativa que traería la reconciliación entre los españoles. De otro modo la inestabilidad social está servida…
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Fotografías: Pedro Taracena
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