Para
entender mejor los pactos de la Transición debemos tener en cuenta el contexto
internacional en que se produjeron. La política de bloques surgida de la
“guerra fría” todavía tenía plena vigencia, posibilitando el consenso y la
concertación en medio de una crisis económica derivada de la subida del precio
del petróleo en 1973 y el agotamiento político de la dictadura que se había
trasformado en un lastre para el desarrollo del capitalismo español. Tenemos
que recordar que la reforma política del “régimen” fue acompañada de acuerdos
sociales y económicos (“Pactos de la Moncloa”).
La
introducción del neoliberalismo, traído de la mano por los gobiernos de Felipe
González y profundizada por los siguientes, se produce en un contexto de caída
y posterior hundimiento del bloque socialista europeo y, por tanto, del final
del mundo bipolar existente hasta esos momentos. Esta coyuntura era, en definitiva,
lo que propició la concertación necesaria para intentar construir un estado
democrático, social y de derecho. A partir de ese momento el proyecto político,
económico y social de la transición, tal como lo entendió la izquierda, ha ido
desapareciendo hasta ser, prácticamente, inexistente.
Haciendo
balance de lo que ha sido el movimiento memorialista durante los últimos quince
años, contextualizando el análisis dentro de un proceso histórico en el que,
más que nunca, se ha evidenciado que deshistoriar las relaciones sociales y
políticas es uno de los instrumentos más eficaces con los que cuentan las
clases dominantes para mantener su hegemonía ideológica y, a través de ella, su
dominio económico y político, creo que ha llegado el momento de hablar de los
objetivos que algunos activistas del movimiento memorialista, en especial
algunos militantes del Partido Comunista de España, nos habíamos marcado.
El que
suscribe estos párrafos entendió, siempre, que lo que se ha venido llamando
memoria histórica debía ser uno de los ejes de reconstrucción de la izquierda
–desde y con su pluralidad, y entendiendo el anarquismo como parte de la
misma-, tras la derrota sufrida por las clases populares al final del siglo XX,
y ante la evidencia clara de que, tras la caída de los regímenes denominados de
socialismo real del centro y este europeos, la aseveración de Fukuyama sobre el
“fin de la Historia” y la desaparición de las ideologías, habría dado lugar a
lo que se ha dado en llamar “pensamiento único” que, en la práctica, no es otra
cosa que mantener que los postulados del neoliberalismo (democracia formal, en
apariencia, más mercado libre y desregulado), ideología del capitalismo,
aparentemente lo único aceptable, negando cualquier otra ideología.
Inicialmente
nos marcamos los siguientes objetivos:
1.-
Construir un frente de masas en el ámbito de la lucha cultural e ideológica.
2.-
Recuperar la ilusión por la utopía.
3.-
Recuperar principios éticos, sociales y políticos
4.- Luchar
por los Derechos Humanos, tanto políticos, como sociales y económicos.
5.- Superar
el lastre de la denominada Transición.
6.-
Recuperar el prestigio de la izquierda y el movimiento libertario por su lucha
contra el fascismo, a través de la puesta en valor de la historia de sus
militantes.
7.-
Recuperar el trabajo de base como elemento principal de lucha.
8.-
Recuperar la Memoria Democrática.
También
teníamos claro que una nueva III República no sería realmente democrática si no
hundía sus raíces en los principios en que se basó la II. Estábamos seguros de
que haciendo visibles a los hombres y mujeres republicanos asesinados cuyos
restos cadavéricos se encontraban en las fosas, también hacíamos visibles sus
ideas. El actual movimiento republicano no sería el mismo si la bandera
tricolor no hubiera hondeado en las exhumaciones.
Estábamos
firmemente convencidos de que todos los actos jurídicos de carácter represivo
-y otros administrativos que beneficiaban a empresas y personas adictas al
régimen- debían ser declarados nulos, por ilegitimidad de origen, al tratarse
de una dictadura nacida de un golpe de estado ilegal y que, además, fue
condenado por Naciones Unidas en varias ocasiones. Por eso, creemos que todas las
sentencias franquistas deben ser declaradas nulas, es más, deberían ser
consideradas, por el estado democrático, como el acta que unos criminales
redactaban respecto de las decisiones que tomaban para cometer asesinatos y
secuestros.
También
éramos conscientes de que la única forma de que se hiciera justicia a las
víctimas del franquismo pasaba por la ruptura del régimen del 78 y que uno de
los pilares fundamentales sobre los que se ha construido es la impunidad.
Conforme
iban pasando los años, fuimos viendo, cuando poníamos en marcha exhumaciones de
fosas, que en las contestaciones que los distintos juzgados y audiencias
provinciales daban y, en especial, el Tribunal Supremo, en la sentencia de
absolución al Juez Baltasar Garzón por el procedimiento que inició para exhumar
fosas, siempre aparecía la Ley de Amnistía de 1977 como argumento principal que
impedía que se hiciera justicia.
Las
dificultades que a lo largo de los años hemos tenido para investigar, con
archivos descuidados y la imposibilidad de acceder a muchos de ellos, en
especial a los de carácter militar y policial, nos han convencido de la
necesidad de una fuerte intervención por parte del Estado y una nueva
legislación que facilite el acceso a toda la información existente.
El informe “La
cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas”, los informes
del relator especial de Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos y del
grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unida que castigan
duramente al Estado Español son una auténtica hoja de ruta sobre lo que debe
hacerse respecto a las víctimas del franquismo y la impunidad. Entre las
cuestiones que plantean está la de la declaración de nulidad de la Ley de
Amnistía de 1977.
La conocida
popularmente como Ley de Memoria, no vino a solucionar problemas, sino que se
convirtió en una nueva vuelta de tuerca para evitar que se haga justicia, al
estar basada en la equidistancia y no distinguir a los que destruyeron la
democracia de los que fueron sus víctimas, es decir de los que la defendieron,
que no reconoce el carácter jurídico de víctimas a las personas represaliadas
por el franquismo, que externaliza y privatiza la memoria poniendo en manos de
las familias la localización y recuperación de los restos de sus seres
queridos. Por eso, su reforma o la aprobación de una nueva Ley es urgente y
debe basarse en la legislación penal internacional y de derechos humanos.
La Ley de
Amnistía, la Ley de Memoria y la sentencia del Tribunal Supremo absolviendo al
juez Baltasar Garzón, blindan la impunidad y componen lo que hemos dado en
llamar “modelo español de impunidad”. Por eso, somos conscientes de que la
clave para desbloquear la posibilidad de que se hiciera justicia a las
centenares de miles de víctimas de la dictadura franquista era la declaración
de nulidad de la Ley de Amnistía de 1977.
Algunos
camaradas y compañeros y compañeras defienden la Ley de Amnistía como una
victoria de la izquierda; sin embargo, pasado el tiempo se ve con claridad que
realmente fue una manifestación de su debilidad frente a los sectores
reformistas del régimen franquista. La prueba de ello es que amnistiar a
compañeros, compañeras y camaradas es reconocer que cometieron delitos,
reconociendo, con ello, la legalidad del franquismo. Pedir la nulidad de las
sentencias, al mismo tiempo que la amnistía es entrar en una contradicción
absurda. Recientemente, en un acto del Ateneo de Madrid sobre la ruptura del
régimen del 78, dije lo siguiente:
“El discurso
de Marcelino Camacho en las Cortes el día 14 de octubre de 1977, en el debate
para aprobar la Ley de Amnistía, cobra sentido tres décadas después. En aquel
discurso, Marcelino, dijo:“ Nosotros, precisamente, los comunistas que tantas
heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y
nuestros rencores. (...) Pedimos amnistía para todos, sin exclusión del lugar
en que hubiera estado nadie…” . Obviamente, si “nuestros muertos” estaban
todavía en las cunetas y se pedía amnistía para todos, es que se había pactado
el olvido y, por tanto, la impunidad para los franquistas. Con esto no quiero
decir que Marcelino fuera una persona deshonesta, todo lo contrario. El hecho
de que un militante cuya honestidad está fuera de dudas defendiese la Ley de
Amnistía es la prueba fehaciente de la existencia del pacto. La ley de Amnistía
es la piedra angular sobre la que se sustenta el régimen del 78, su declaración
de nulidad es fundamental para romper la impunidad y con ella el actual
régimen.”
Este pacto,
tejido con mucha generosidad y renuncias por parte de la izquierda, sobre todo
por parte del PCE, ha provocado a la larga un silencio que ha propiciado que
los tópicos tejidos por el franquismo se hayan extendido durante toda la
restauración borbónica, dando como resultado un franquismo sociológico que
impregna todas las capas de la sociedad. Tenemos que tener en cuenta que el
principal partido de la derecha, el PP, fue fundado por franquistas y que los
apellidos de muchos de sus dirigentes los podemos encontrar entre los golpistas
y adictos a la dictadura franquista. Lo mismo podemos decir de muchos miembros
de los consejos de administración de grandes empresas y la banca.
Por todas
estas cuestiones, considero que hablar de ruptura del régimen del 78, sin
entender que la impunidad es uno de los pilares fundacionales del mismo y que
hablar de construcción del nuevo sujeto político y social alternativo sin
entender que la memoria es uno de los principales componentes de la “argamasa”
ideológica de su construcción, tratándola como un elemento aislado de la
política, es un grave error. Por eso, considero que ha sido un acierto, por
parte del XX Congreso del Partido Comunista de España, incluir estos elementos
como ejes centrales de la ruptura democrática. Esa ha sido nuestra lucha durante
más de tres lustros y seguirá siéndolo, porque hacer justicia a los defensores
de la libertad y la justicia social, cuestiona el actual orden social.
Como
activista del movimiento memorialista y militante del Partido Comunista de
España, me congratulo, me felicito y felicito a todas y todos los y las
camaradas, por esta enmienda aprobada, en especial al camarada que la defendió
con valentía y brillantez en el plenario, en la primera fase del XX Congreso
del Partido al cual me siento orgulloso de pertenecer. A muchos nos ha hecho
sentir que la lucha emprendida hace ahora más de quince años ha fraguado, hoy
ha sido nuestro Partido el que la ha asumido, el siguiente paso será que lo
haga el Estado.
TEXTO
APROBADO POE EL XX CONGRESO DEL PCE
Tesis 12.
Los ejes centrales de la ruptura democrática
.
Frente a la
aceptación de la monarquía, levantamos la reivindicación de la III República.
La República es imprescindible en la construcción del Socialismo. Sabemos que
esa sola forma de Estado no lo garantiza de por sí. Pero es igual de cierto que
el desarrollo socialista es incompatible, antes o después, con el monarquismo.
Por eso un Partido Comunista es republicano consustancial. No accidentalista,
como quieren decirse otras formaciones. Así, Engels, en su Contribución a la
crítica del proyecto de programa socialdemócrata de Erfurt de 1891, escribía:
está absolutamente fuera de duda que nuestro partido y la clase obrera sólo
pueden llegar a la dominación bajo la forma de República democrática. Esta
última es incluso la forma específica de la dictadura democrática del
proletariado como lo ha demostrado ya la Gran Revolución francesa.
En el caso
español sucede, además, que la Monarquía está particularmente vinculada al
bloque -capitalista- de poder dominante. Es una pieza esencial, por los
caracteres específicos e históricos –conservadurismo acendrado, injerencia
militar, nacional-catolicismo, franquismo e impunidad, corrupción...- de ese
bloque de poder en nuestro país. Ello hace que el republicanismo, en España,
tenga unas connotaciones propias, asociadas - también históricamente- al avance
en derechos políticos, sociales, económicos y nacionales. No es casual que la
II República haya sido, hasta el momento, el período de mayor poder político de
la clase obrera en este país. Ello explica, asimismo, la brutal reacción en
modo franquista, la cual en su fin, impuso una Monarquía que no pudo ser votada
aparte en la Constitución de 1978; que le fue impuesta a la misma, y que es, en
rigor, esa Monarquía, pre-constitucional.
Y por supuesto, un freno de primera
magnitud -como se ha observado singularmente ahora-, para el progreso de la
sociedad en el modo en que nosotros, nosotras, comunistas, queremos.
Ello conduce
a que la reivindicación de una III República federal, laica, participativa y
solidaria, sea -deba ser- para nuestro Partido, un asunto de gran importancia.
Obviamente, no desvinculado, ni negacionista, de otras reivindicaciones
políticas, económicas, culturales... Antes bien, como un hilván que permite
conectar todas, dándoles forma estatal.
Por tanto,
la reivindicación de III República ha de ser constante y consecuente. No se
trata tanto de fijar una vía -puede haber varias que se complementen: bloque
electoral, referéndum, mociones parlamentarias, municipales, etc- como de
mantener la exigencia republicana en todo momento.
No
supeditarla -como a veces hemos visto en este último período- a tacticismos,
por los cuales, en la búsqueda de pactos con otros agentes, se relega la
cuestión republicana, y cuando no se consiguen esos acuerdos, vuelve a ponerse
en primer plano, pareciendo oportunista.
La
coherencia exige que la reivindicación de una III República federal para
España, no quede nunca frenada por ninguna componenda, y constituya siempre una
acción política principal para el PCE.
Así mismo
consideramos un factor esencial, la recuperación de la memoria democrática.
Partiendo de
la base de que el único cambio posible y real debe basarse prioritariamente en
el cambio de modelo de Estado, es decir, el modelo republicano –todo lo que no
parte de esta base son simples brindis al sol-, no lo es menos que ese cambio
ha de correr paralelo al de la equiparación jurídica, política y social de las
víctimas de franquismo. No se abren vías democráticas perdurables manteniendo
este déficit y, por tanto, la impunidad que se mantiene sobre los recortes de
derecho, delitos y crímenes cometidos durante la dictadura.
Si las
recomendaciones realizadas por la ONU que para paliar el caso español, son
válidas para formalizar una verdadera reconciliación y armar definitivamente de
contenidos democráticos la convivencia en nuestro país, es necesario superar
sin más dilación, las siguientes cuestiones:
- Anulación
de las sentencias de los tribunales franquistas
-
Declaración de nulidad de la ley de amnistía
- La
apertura de las investigaciones sobre lo ocurrido durante la guerra y la
posterior dictadura en relación con el recorte de derechos y delitos contra la
paz y crímenes contra la humanidad
- Aplicación
de la normativa internacional sobre derechos humanos para el caso español
- Ley de
memoria histórica: derogación de los puntos que impiden la apertura de
procedimientos penales
- Derogación
de las últimas reformas de la de Justicia Universal
-
Equiparación de las víctimas de franquismo a los derechos establecidos
para el resto de víctimas.
José María
Pedreño. Militante del PCE. Miembro de la Junta Directiva de la Federación Estatal
de Foros por la Memoria.
Fuente: www.rebelion.org
- Title : La declaración de nulidad de la Ley de Amnistía
- Posted by : Eco Republicano
- Date : 22.4.16
- Labels : JOSÉ MARÍA PEDREÑO, MEMORIA HISTORICA
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