¿EL FRANQUISMO SIGUE SIENDO LEGAL?

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Por Pedro Taracena

El marco constitucional anuló el marco referencial de la las Leyes Fundamentales del Movimiento Nacional, pero la democracia albergó en su conjunto legislativo todas las leyes del franquismo. No hubo ruptura con la dictadura, solamente una suave evolución. Esto permitió una transición aunque no tan modélica como se viene manteniendo, ya que hubo violencia y muertos al margen de los crímenes de ETA.

La ilegitimidad del franquismo, así como la impunidad de sus crímenes fue saldada con el pacto constitucional que encubrió el peor de los acuerdos. La transición que enmudeció la Historia y escandalizó al mundo, aunque sus protagonistas tengan vocación de exportarla. La Constitución como texto legal y legítimo no legalizó el franquismo pero tampoco lo ilegalizó y mucho menos condenó. Esto quiere decir que el franquismo ha quedado impune. Tampoco se puede considerar su apología como delito porque la Transición hace compatible la dictadura y la democracia. El llamar a alguien franquista no se considera un insulto y en muchos casos es un acto de honor. El  esperpento nacional está servido.

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Es curioso cómo La Casta que hizo la Transición, dio por bueno que el régimen franquista legalmente que no legítimamente constituido, se hiciera el haraquiri como forma de suicidio ritual. Practicado no por razones de honor como los orientales, sino por una orden superior devolviendo al pueblo aquello que desde el año 36 se le había usurpado. Ahora los dueños de aquel acuerdo perverso, me refiero a la transición no al pacto constitucional, no quieren mover un ápice del orden legal consagrado como dogma de fe inamovible. Rajoy cuando declara que cualquier modificación de la Constitución ha de hacerse  según las leyes vigentes, se  mofa del pueblo. Porque mientras él tenga la mayoría absoluta, no revalidada en los últimos comicios, y muestre nula voluntad de diálogo, no habrá reforma constitucional; escondiendo su incapacidad bajo la máscara de demócrata, guardián y vigía de la fosilizada Carta Magna. Una parte del pueblo responde que, sí se puede,  y que al menos tiene derecho a un debate y una consulta. Alguna evidencia delata que la Constitución debe de modificarse:

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En el Estado de las Autonomías se ha interpretado la crisis cada cual según su ideología; creando desigualdades evidentes en derechos constitucionales: Educación, Sanidad, Dependencia y Desahucios. Es preciso hacer un debate sobre la estructura federal del Estado Español. La estructura federal del Estado corregiría las desigualdades provocadas por las administraciones autonómicas y llenaría de contenido y de funciones al sempiterno inútil Senado, como Cámara de Representación Territorial. Sin duda las cuestiones históricas de Euskadi y Catalunya tendrían mejor encaje que en la actualidad constitucional. Las reformas oportunas sobre los herederos dinásticos y la desmitificación y desacralización de la monarquía, quizás acallarían las crecientes voces de reivindicación republicana. Es posible que el pueblo español curioso por los eventos históricos, descubra que el rey Felipe V, predecesor del Felipe VI, es quien protagonizó los hechos que han provocado hasta hoy las reivindicaciones históricas de los catalanes. Si el Rey de España no abandona La Casta como Corte Real y se acerca al pueblo llano, la brecha abierta a favor de la República irá creciendo. A Rajoy no le interesa blindar los derechos constitucionales de los españoles porque lejos de reconocerlos los ha aniquilado. Sin olvidar que la izquierda ha sido quien ha reconocido muchos de los derechos albergados en la Constitución, hasta que la reformó para complacer a la Troika. La Constitución Española es un texto legal y legítimo que puede y debe cambiarse. Su actualización servirá mejor a las generaciones del siglo XXI.

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El Rey puede y debe propiciarlo. La Historia nos muestra cómo Fernando VII, hizo lo contrario. Logró recuperar su poder absoluto después de suprimir la Constitución de Cádiz La Pepa de 1812. Ni el Partido Popular ni el Rey pueden arrogarse el derecho de impedir que los españoles debatan y sean consultados, refugiados en que hay que respetar las leyes. Si los procuradores de las cortes franquistas hubieran cumplido las leyes de la dictadura, Suarez no hubiera podido llevar a cabo la Transición. La Constitución Española, no lo olvidemos, que fue aprobada bajo la fórmula de monarquía parlamentaria por imposición de los herederos del franquismo, y aceptada por aquellos que siempre habían sido demócratas y la asumieron como mal menor. No hay que tener miedo el decir que bajo la amenaza de una involución golpista de carácter militar. Es decir, para evitar que se repitiera el episodio del 18 de julio de 1936. No aprovechar la llegada de Felipe VI para una consulta precedida de un amplio debate nacional, es suicida para el nuevo monarca. Una clase política donde la perversión y la corrupción, por acción u omisión, están generalizadas, es estar ciegos o desear estarlo, para no impulsar una iniciativa que traería la reconciliación entre los españoles. De otro modo la inestabilidad social está servida…

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Fotografías: Pedro Taracena